Expertos de la ONU piden al gobierno argelino que detenga la persecución a defensores de derechos humanos, sindicalistas y organizaciones civiles
Declaración del Observatorio de Derechos Humanos
En septiembre pasado, expertos de la ONU enviaron una carta al gobierno argelino sobre la continua persecución de defensores de derechos humanos, abogados, sindicatos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta. La carta trató casos específicos sobre los abogados de derechos humanos Toufik Belali, Sofiane Oualli, Omar Boussaâk, el sindicalista Raouf Mellal, el activista de derechos humanos Youva Mengalat, el activista medioambiental Karim Kheima, el periodista Merzoug Touati, y la Asociación de Familias de Desaparecidos.
Es importante destacar que esta carta fue enviada por relatores especiales de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación, la independencia de jueces y abogados, y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
Los expertos dijeron: «Expresamos nuestra gran preocupación por la detención arbitraria, la intimidación, las amenazas, la criminalización, el maltrato, las restricciones y las violaciones que afectan a la libertad de expresión, la reunión pacífica, y a los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y sindicalistas en Argelia». Añadieron: «También estamos preocupados por el uso repetido de ciertas disposiciones penales que se utilizan bajo el pretexto de combatir el terrorismo, en particular el artículo 87 bis del Código Penal»; enfatizando las normas internacionales de derechos humanos, que establecen que los abogados tienen el derecho de ejercer sus funciones profesionales sin amenazas, intimidación ni obstrucción».
Los expertos pidieron al gobierno que proporcionara aclaraciones sobre los casos mencionados en la carta, incluidas las razones fácticas y legales que justifican la detención, condena y procedimientos judiciales contra las personas mencionadas. También recordaron la importancia de garantizar el derecho a un juicio justo y a un debido proceso.
Finalmente, los expertos solicitaron la adopción de medidas para garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, abogados, sindicatos independientes y organizaciones de la sociedad civil, proporcionándoles un entorno favorable para llevar a cabo su trabajo legítimo en favor de los derechos humanos sin temor a la intimidación o criminalización.
