Las autoridades argelinas intensifican la represión contra las voces disidentes en línea
Amnistía Internacional publicó hoy, jueves, un informe que afirma que el gobierno de Argelia ha intensificado considerablemente sus prácticas represivas contra la oposición pacífica, mediante arrestos arbitrarios y juicios injustos que han llevado a severas penas de prisión, en un intento evidente de silenciar todas las formas de expresión libre y disidencia expresadas en línea.
El informe revela que al menos 23 activistas y periodistas han sido arrestados o condenados en los últimos cinco meses por apoyar la campaña de protesta «Manish Radhy», lanzada en diciembre de 2024 para denunciar la deteriorada situación económica y social y la represión de las libertades en Argelia.
El informe cita una declaración de Heba Morayef, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte, quien expresó su grave preocupación por la política de represión digital seguida por las autoridades argelinas. Ella enfatizó que «no hay justificación para la detención de individuos simplemente por expresar su insatisfacción con las condiciones políticas y sociales».
Según el informe, la organización investigó nueve casos de activistas y periodistas que fueron objeto de represalias por sus expresiones en línea. Siete de ellos fueron condenados a penas de prisión que van de 18 meses a cinco años, mientras que otros cinco fueron juzgados en procedimientos acelerados que carecían de garantías de un juicio justo. Algunos también fueron prohibidos de publicar o viajar.
Heba Morayef declaró que esta última ola de arrestos arbitrarios demuestra la determinación de las autoridades argelinas de aplastar todas las formas de disidencia expresadas en línea. Ella pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, así como investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos.
El informe se basa en documentos legales, fallos judiciales, publicaciones de las víctimas en las redes sociales, entrevistas con 11 personas que aceptaron compartir su información, y reportes mediáticos relevantes.
El informe destaca casos notables, incluyendo la condena de los activistas Sohaïb Dabbagh y Mahdi Bazioui a 18 meses de prisión por participar en la campaña «Manish Radhy». A Dabbagh se le acusó de «difundir información perjudicial para el interés nacional» e «incitar a una manifestación no armada», mientras que a Bazioui se le condenó por «ocultar a una persona para obstruir la justicia».
En otro caso, el poeta y activista Mohamed Tijedit fue condenado a cinco años de prisión solo cuatro días después de su arresto, debido a sus publicaciones y poemas políticos marcados con el hashtag #Manish_Radhy. También se le impuso una multa significativa.
La organización también mencionó que el activista Belaid Cherfi fue condenado a cuatro años de prisión por publicar contenido en apoyo de la campaña en redes sociales, mientras que la activista Fadhila Hammas fue arrestada tras publicar mensajes políticos en Facebook y enfrenta una posible sentencia de tres años de prisión.
De manera similar, la activista Abla Qomari Drama fue condenada a tres años de prisión, de los cuales uno fue suspendido, por publicaciones que criticaban la situación social en el sur de Argelia. Finalmente, el activista Massinissa Lakhil recibió penas severas, que incluyeron prisión y fuertes multas debido a sus actividades en Facebook.
Los periodistas no fueron inmunes a esta represión, según el informe de Amnistía Internacional. Abdelwahab Moulak fue condenado a 18 meses de prisión por una publicación en Facebook, mientras que el periodista Mustapha Ben Jamaa fue colocado bajo supervisión judicial, con prohibición de viajar y publicar.
Amnistía Internacional concluyó su informe recordando que, desde el inicio del movimiento popular en 2019, las autoridades argelinas han utilizado el sistema judicial para reprimir a los opositores pacíficos, lo que ha provocado un preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos en el país.
