Las relaciones entre el Polisario y el Gobierno español siguen “congeladas”

En marzo de 2022 el Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez envió una carta al Rey de Marruecos Mohamed VI, sobre el conflicto del Sahara, en la que consideró que la propuesta de autonomía regional para la ex colonia española, era “la más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. En Argel se originó un descontento verbal, y el líder del Frente Polisario Brahim Ghali se limitó a calificar la actitud española como “lamentable y vergonzosa”. Y nada más.

En cambio unas semanas más tarde, el Frente Polisario por medio de un Comunicado no firmado colgado en las redes sociales, anunciaba que suspendía sus contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Exteriores español liderado por José Manuel Albares quitaba importancia al asunto y replicaba que “mantendría abiertas todas las vías de interlocución”.

Tres meses después, en junio de 2022 Argelia reaccionó oficialmente y suspendió el Tratado de Amistad firmado con España en 2002, y congeló todas las operaciones comerciales hispano-argelinas. Excepto el suministro de gas natural que siguió operativo. El Presidente argelino Abdelmadjid Tebbun en conferencia de prensa, juró que el gas no se vería afectado.

¿Qué significaba en los hechos esa “ruptura de relaciones” entre el Frente Polisario y el Gobierno español? Poca cosa. Fue un gesto simbólico, un mero espectáculo pirotécnico, para uso interno entre la población saharaui refugiada en Argelia o exiliada, para los “amigos del Sahara” entre los pocos países que aún reconocen la República formada por el Frente polisario y residente en la localidad argelina de Tinduf.

España, antes de marzo de 2022, y después también, es el principal sostén de las poblaciones saharauis refugiadas en Tinduf. La Agencia Española de Cooperación (AECID) destinó a los campamentos saharauis una partida de 8,3 millones de euros en 2022; en 2023 la suma casi se duplicó superando los 15 millones, aunque según el Polisario 3,85 millones nunca llegaron. En 2024, las ayudas aún no cuantificadas, han seguido llegando.

El Polisario, que dice con enfado haber roto relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es el receptor de dichas ayudas, porque es él quien dirige los campamentos. Sin la ayuda oficial española, la población saharaui refugiada en Tinduf moriría de hambre o de enfermedades contagiosas.

La particularidad de los campamentos saharauis en Argelia es que son administrados y dirigidos por el Frente Polisario, y no por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la que ni siquiera se le ha permitido contabilizar el número real de refugiados.

En todo el mundo hay más de 114 millones de personas refugiadas o desplazadas. Existen numerosos campos de refugiados en Asia y en África principalmente, algunos como el de Kutupalong-Balujali en Bangladesh en el que según el último censo (2018) vivían 670 mil personas. Todos ellos son gestionados por la ACNUR y demás organizaciones de la ONU. Sólo los campamentos de Tinduf son regidos por un movimiento armado local. En Argelia la presencia de las agencias de la ONU es testimonial. Aún así el Gobierno español sigue entregando sus ayudas al Polisario, que alardea de haber roto sus relaciones con el donante. Las recibe y sigue haciéndose el ofendido.

Además de las ayudas oficiales, el Gobierno español otorga un tratamiento especial a los refugiados saharauis. Los ciudadanos argelinos se ven obligados a realizar amplias gestiones administrativas para obtener visados y cuando los consiguen, poder venir a España en vacaciones o en turismo comercial o cultural; los saharauis de Tinduf vienen a España con pasaporte argelino, y tienen todas las facilidades aduaneras para entrar por todos los puertos y aeropuertos. Así fue antes, y así es ahora.

Los ciudadanos argelinos o marroquíes, así como los procedentes de la Unión Europea que llegan a España, solo pueden acceder a los servicios de salud en casos muy concretos y en las Urgencias; los saharauis con pasaporte argelino llegan a España y son atendidos en hospitales y centros de salud casi con el mismo estatuto que los españoles o los residentes extranjeros fijos.

Los ciudadanos extranjeros que desean obtener la nacionalidad española, salvo los procedentes de determinados países con los que existen Acuerdos preferenciales, necesitan requisitos exhaustivos. Los saharauis, no; de los varios miles de saharauis que residen en España, más de la mitad tienen nacionalidad española, adquirida por la via express. La cúpula del Polisario, salvo raras excepciones tienen todos nacionalidad española, incluido su líder Brahim Ghali, que protagonizó un escándalo diplomático cuando en 2021 fue hospitalizado en España llevando papeles falsos para tratarlo de una grave neumonía provocada por el COVID, y cuando le dieron de alta se fugó sin pagar los 45 mil euros que costaban los 44 días en que estuvo internado en un hospital de La Rioja. Ghali nunca fue residente en España los diez años de manera continuada que se requieren, y su familia no tuvo ninguna relación con los servicios coloniales españoles, ni militares, ni civiles. Sin embargo obtuvo la nacionalidad española sin problema.
Sólo un año después de ser salvado de la muerte en España y un mes antes de la Carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, en febrero de 2022, Brahim Ghali reconoció que “había sido un gesto valiente de España”, es decir del Gobierno español, al mismo al que condenó por haber propiciado una solución al conflicto que lleva medio siglo y por el que padecen decenas de miles de saharauis y sus familias en el Territorio, en Mauritania, en Tinduf y en la diáspora.

Además de la ayuda española directa gestionada por la AECID, el Gobierno de Pedro Sánchez otorga ayudas directas e indirectas a numerosas asociaciones y ONG’s españolas que trabajan y colaboran con los campamentos de refugiados.

Pues bien, además a la ayuda oficial española hay que añadir la que presta la sociedad civil: los miles de familias españolas que acogen a los niños en vacaciones de verano, los profesionales médicos, enfermeras, docentes, pequeños empresarios autónomos que viajan periódicamente a Tinduf para prestar asistencia; las ayudas en alimentos, medicinas, vehículos que envían a los campamentos las Asociaciones de amistad con los saharauis, y las instituciones locales, regionales y autonómicas hermanadas con los campamentos de refugiados. De las 53 ciudades y municipios que en todo el mundo han suscrito acuerdos de hermanamiento con los campamentos dirigidos por el Polisario, 40 son españolas, y cada año suministran ayudas de todo tipo a los refugiados. Ayudas que necesariamente tienen el visto bueno del Gobierno y que terminan en las manos de los dirigentes del Polisario.

Todo este flujo de ayudas que desde el Gobierno español, sus apéndices y la sociedad civil, se encaminan a Tinduf y a la población saharaui en general, no se ha interrumpido a pesar de la “ruptura” anunciada por Brahim Ghali, y los gritos de “traidores”, “colonialistas” y “desleales” que desde las filas del movimiento armado saharaui se profieren regularmente.

Pedro Canales.