La Armada española inquieta sobre “el caso Ceuta y Melilla”
✍🏼 Pedro Canales
El 19 de julio 2024, tomó posesión de su cargo el nuevo comandante del patrullero Isla Pinto, Manuel Ángel López, en una ceremonia militar, con poca trascendencia fuera del ámbito castrense. El patrullero de la Armada cumple sus funciones en la región sur del Mediterráneo, con escala en Melilla. El Comandante López, originario de la urbe gallega de Marin, en Pontevedra, procedía de la fragata Blas de Lezo.
Tres semanas más tarde, el 13 de agosto, “el caso Ceuta y Melilla” cobraba una sorprendente actualidad, con las declaraciones del experto y analista de Inteligencia Fernando Cocho, que anunció que existe un acuerdo entre España y Marruecos para compartir la soberanía de Ceuta y Melilla a partir de 2030.
Este proyecto de cosoberanía hispano-marroquí goza del apoyo de la Unión Europea y en particular de Francia, y por supuesto de los Estados Unidos, según el experto analista.
En su sorprendente declaración, Fernando Cocho se lamentaba del silencio del Gobierno de Pedro Sánchez, que “no dice nada”, “ni va a hacer nada”. Ceuta y Melilla son dos ciudades en las que España está presente desde hace más de 500 años, y que Marruecos reivindica como históricamente pertenecientes al Reino.
A las declaraciones de Fernando Cocho se sucedieron otras negando su pretendido “acuerdo entre España y Marruecos” para iniciar una cosoberanía hispano-marroquí de las ciudades e islotes españoles del norte de África.
Un mes después de la toma de posesión de su cargo en el Isla Pinto, el Comandante Manuel Angel López ha irrumpido en la opinión pública con declaraciones que reflejan lo que piensa la Armada española y sus Comandantes, sobre “el caso Ceuta y Melilla”.
En una entrevista al periódico melillense El Faro de Melilla, el Comandante López no se anduvo con rodeos. “Empezaremos nuestra actividad a finales de año… Continuaré con la labor de mi antecesor y, en la medida de lo posible, tendremos siempre preparado el patrullero para las necesidades operativas que estime la Armada”.
Ante la pregunta de cuáles son estas necesidades, fue claro: “La misión de este barco es la vigilancia marítima; es decir, controlar los espacios de soberanía nacional, en este caso, ya que Melilla tiene sus aguas territoriales desde la salida del muelle hasta alcanzar las 12 millas, y después, todo lo relativo a los espacios de soberanía de las islas Chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera”… “Debemos recordarle a Marruecos que España sigue siendo la dueña de ambas ciudades (Ceuta y Melilla) y que éstas tienen aguas territoriales con una serie de derechos que se tienen que respetar”.
Las declaraciones del Comandante Manuel Ángel López fueron directas a las Autoridades marroquíes, pero también indirectas a las Autoridades políticas españolas. Marruecos las entendió perfectamente, porque fueron declaraciones de principios: la Armada protege y defiende la soberanía nacional, controla las aguas jurisdiccionales y lucha contra toda violación de su espacio marítimo por el narcotráfico y las mafias del tráfico de personas. El Reino alaui hace lo mismo en las suyas propias.
Donde las declaraciones de Manuel A. López suscitan controversias es en lo tocante a las “aguas jurisdiccionales”. Porque España tiene problemas con todos sus vecinos en la definición de aguas territoriales y espacios marítimos. Con Gran Bretaña, las aguas del entorno de Gibraltar han sido motivo de protestas y conflicto reiterados en los últimos tiempos; con Francia, hay indefinición en lo tocante a los espacios económicos exclusivos en las aguas del Golfo de Lyon; con Argelia hay un problema en la delimitación de aguas jurisdiccionales tras la declaración hecha por el Gobierno argelino en 2018 sobre su Zona Económica Exclusiva que solapaba las aguas de la isla italiana de Cerdeña y de la isla española de Cabrera, que además es espacio natural protegido.
Con Portugal, la gestión conjunta de las aguas continentales, los rios y cuencas hidrográficas, funciona sin tropiezos desde la firma del Convenio de Albufeira en 1998. En cambio pueden existir diferentes interpretaciones de los derechos internacionales relativos a las aguas y espacios marítimos de los archipiélagos de las Canarias y de las Azores. Tanto España (Canarias) como Portugal (Azores) disponen de mar territorial de 12 millas náuticas, de una zona contigua de 24 millas náuticas y de una Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta las 200 millas náuticas. Precisamente estas últimas se solapan entre las Canarias y las Azores.
En relación con Marruecos, también España no tiene claramente definidas sus aguas jurisdiccionales, tanto en el Mar de Alborán, en los espacios próximos a Ceuta y Melilla y los islotes; como en aguas atlánticas en torno a las islas Canarias y a la zona marítima del Sahara. Hasta ahora no ha habido acuerdo entre Rabat y Madrid al respecto. En diciembre de 2003 el presidente español José María Aznar y el rey de Marruecos Mohamed VI decidieron en su encuentro en Marraquech la creación de un Comité bilateral encargado de estudiar y solventar el tema de las aguas territoriales.
Las declaraciones del Comandante López son claras: la Armada defiende la soberanía nacional y la aguas jurisdiccionales. Pero si éstas no están suficientemente definidas, la responsabilidad incumbe al Poder político.
